Clientes: ciudadanos
Las licitaciones en las que el grupo Quart participó y se adjudicó con obras pertenecen a la delegación de Tláhuac, en Méjico. Existieron demandas en contra de constructoras pertenecientes a este grupo como Falcón, Cascata, Omyusa y Bonner por obras que no se concluyeron y que abarcaron unos US$ 250,000, aproximadamente.
El dinero con el que se adjudicaron las empresas de este grupo provino de los impuestos pagados por los ciudadanos mejicanos. De esta manera, ellos (los ciudadanos) tributaron esperando mejoras en el desarrollo social de la localidad; sin embargo, el dinero que se destinó no llegó a plasmarse en las obras que debieron concluir. Así, dejaron de recibir mejoras que servían para el progreso social y económico.
Empresas del sector: construcción
Las empresas constructoras tienen interés, puesto que compiten en el mismo mercado. Al ser competidores, desarrollan estrategias que buscan diferenciar su servicio uno con el otro. Siendo así, entran en un marco legal donde hay prácticas que están prohibidas y parámetros exigidos por ley.
Estas empresas se vieron perjudicadas ya que no se contaba con una convocatoria justa y limpia, la cual impedía que todas las empresas tuviesen las mismas oportunidades. Cuando se abre una convocatoria para una licitación, las empresas interesadas se inscriben y ofrecen una propuesta, junto con la fiabilidad técnica del proyecto. En este caso de estudio, existe una desventaja entre las empresas producto de una competencia desleal: pago a funcionarios para la adjudicación de obras.
Funcionarios públicos
Otro grupo de interés que se vio afectado en este caso son los empleados públicos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En el 2004, salió a la luz unos videos que comprometían a personajes como René Bejarano, Andrés López Obrador, Ramón Sosamontes, Carlos Imaz y Rosario Robles, donde se mostró que recibieron dinero por parte de Carlos Ahumada como apoyo a la candidatura presidencial y para que éste último fuera favorecido en licitaciones públicas.
Cabe resaltar que desde el año 1997 este partido gobierna el Distrito Federal de Méjico. El interés de Carlos Ahumada con este grupo es que los funcionarios de la PRD decidían qué empresas iban a realizar las obras de construcción y con ello adjudicárselas.
Al tratarse de convocatorias públicas, el Estado participa directamente en ellas, mediante el gobierno de turno. En este caso, perjudicó a las demás empresas constructoras, debido a que no se les dio un panorama justo, de libre competencia. Con ello, se logró imponer una barrera de entrada invisible.
Proveedores
Las empresas que suministran los insumos que se necesitan para la realización de obras son otro grupo de interés afectado en este caso. Ellos ofrecen sus productos a las diversas empresas para que puedan realizar y ofrecer sus bienes; en este caso, los materiales de construcción.
Aquellas empresas que no trabajaban con las empresas del grupo Quart se encontraban en completa desventaja, ya que no podían vender sus productos. De esta manera, la competencia en el mercado tampoco era limpia, al igual que entre las empresas competidoras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario